Cambios en el Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal

 

La entrada que hoy deseamos comentar lleva por título “El uso del imputado en los medios de comunicación”. Cualquiera de los lectores podría objetar, por de pronto y con fundada razón, que la terminología jurídica empleada se encuentra a día de hoy (25 de abril del 2015) obsoleta. Y, en efecto, la observación sería del todo procedente y justa. Como probablemente todos hemos sabido, el pasado 13 de Marzo el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal. Podría inferirse de ello que esta comunicación, muy a su pesar, se encuentra en este momento notoriamente caduca, que habla de una realidad (al menos terminológica) ya inexistente y, por lo tanto, que en el mejor de los casos podría tener tan sólo un interés en foros más preocupados por la historia del derecho que por los medios de comunicación.

Pues bien, a pesar de todas las consideraciones anteriores, creemos, no obstante, que el cambio mentado (nos referiremos únicamente, de entre los varios acometidos, al cambio terminológico que esta ley promueve), en su pretendida condición de querer subsanar algo perfectible de la ley precedente, puede dar lugar a consideraciones harto interesantes en lo referente al papel que juegan los medios de comunicación no sólo en lo que atañe a la transmisión de información, sino en lo concerniente a la formación (y deformación) de la opinión pública.

 

Evitar juicios paralelos en los media

 

Vayamos al grano y al ejemplo. El nuevo proyecto de ley pretende, en resumidas cuentas, evitar el “juicio paralelo” que, a través del los medios de comunicación, se desataba en el instante mismo en que un personaje de interés público era “imputado” (fundamentalmente político y mayoritariamente asociado a un delito de corrupción: prevaricación, cohecho, malversación…). Dicho de otro modo: lo que se perseguía era poner coto a la estigmatización social –y, consecuentemente, a la vulneración del “derecho al honor”– que hacía que todo imputado fuera visto como un culpable, a falta tan sólo de una sentencia en firme que lo corroborara. El lector, vidente u oyente, por regla general, terminaba efectivamente identificando al imputado con un “presunto culpable” (si no directamente con un culpable). Por así decir entre uno y otro, según la opinión pública, sólo mediaba el tiempo, el tiempo ralentizado de la Justicia. Ahora bien, si nos alejamos de los prejuicios y del imperante marco sentimental, y examinamos el asunto de cerca, observaríamos, antes al contrario, que la imputación resultaba ser una garantía procesal de la fase instructiva en la que eo ipso se buscaba salvaguardar la “presunta inocencia” del sujeto a quien se atribuía el supuesto hecho punible.

Ante la evidente falta de correspondencia entre la letra y la realidad, es decir, entre lo esperado y lo acontecido, el actual Ministro de Justicia emprendió la tarea de, son sus palabras, descontaminar semánticamente el término una vez contaminado. Para tal efecto –y sin entrar a fondo en taxonomías leguleyas– se decidía, como una de las medidas estrella, sustituir la actual denominación de “imputado” por la de “investigado”. De esta manera, se anhelaba que el común de los mortales, de la noche a la mañana, abandonara los prejuicios que hasta entonces habían estado operando en él y empezara a contemplar con la debida justicia (i. e., la “presunción de inocencia” que todos merecemos hasta que el juez dicte sentencia) al ahora investigado –otrora imputado.

Lo que la ley ponía de manifiesto era un vetusto debate de profundo calado filosófico en lo relativo al lenguaje. Y que, traducido y actualizado a nuestro foro, podría reformularse de la siguiente manera: ¿Es posible que un término se “contamine”, es decir, se resignifique? Si es el caso, ¿a qué se debe? Y, por último, ¿tienen alguna responsabilidad los medios de comunicación?

 

La responsabilidad de los medios de comunicación

 

Para empezar a construir una posible respuesta a estas preguntas nos ayudaremos de una premisa inicial que Maxwell McCombs, en su ya clásico Estableciendo la agenda (2004), presente a propósito del diverso papel que juegan en el establecimiento de la agenda (mediática y pública) los temas experienciales en comparación con aquéllos que no lo son (obtrusive/unobtrusive). Este fragmento podría sintetizar esta disparidad en la obtención de la información:

En términos teóricos, algunos temas son experienciales, es decir, intervienen en nuestras vidas cotidianas y los experimentamos de manera directa. En cambio, otros temas son no experienciales: nos encontramos con ellos sólo en las noticias, pero no de manera directa en nuestras vidas (…) En este tipo de temas, la premisa teórica es que la agenda mediática suele ser la fuente primera de orientación, aquella a la que la gente se vuelve para reducir su incertidumbre (McCombs, 2006:122-5)

Pues bien, al hilo de lo anterior sería del todo pertinente que para la causa presente nos detuviéramos en las conclusiones de uno de los informes que la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (conformado por académicos, juristas y periodistas) elaboró en el 2010 a propósito de la LeCrim vigente entonces:

El número de ciudadanos que tiene contacto directo con los juzgados y tribunales es muy pequeño. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, uno de cada cuatro españoles tendrá alguna vez contacto con la Administración de la justicia. Por tanto, la mayoría de la sociedad se informa sobre la Justicia y forma su opinión en esta materia a través de lo que difunden los medios (AA. VV., 2010).

Omitiendo varias de las observaciones (por ej., el “cóctel terminológico” que mostraba la redacción de la ley, su mal uso y abuso en la retórica política, etc.), la Comisión hacía cargar sobre los medios una especial responsabilidad en lo referente a la palmaria confusión y escasa claridad en el tratamiento de este tipo de noticias; así y todo, creía, precisamente por ello, que «una información apropiada (desde el punto de vista de los términos empleados) ayudar[i]á a los ciudadanos a comprender mejor el complejo mundo de la Justicia» (AA. VV., 2010).

No sólo la Comisión, Alex Grijelmo, especialista y apuntador ejemplar en lo que  al lenguaje del periodismo se refiere, terminaba un reciente artículo, “Imputado, investigado, encausado” (El País, 15 de Marzo), con las siguientes palabras:

Es verdad, se retirará a muchos políticos el incómodo término “imputado”, ese vocablo injusto que igualaba los diferentes grados de implicación de cada momento procesal. En eso salen ganando, sí. Pero si esta reforma sirve para que las palabras reflejen mejor la realidad, le daremos gustosos la bienvenida (Grijelmo, 2015)   

             Es decir y recopilando, de alguna u otra manera, con mayor o menor esperanza de éxito, tanto el Ministerio de Justicia, como la Comisión, como un periodista ducho en el cuidado del lenguaje, parecían coincidir si no en la excelencia, al menos en la pertinencia de la ley.

 

Conclusiones 

 

Con todo, nuestra hipótesis (como la de muchos otros), a pesar de todo lo expuesto, va en una dirección contraria. Dicho en breve: no creemos que el término logre por mucho tiempo mantenerse impoluto, o no al menos si no se emprenden a su vez otros cambios. Cambios, estos, en los que a nuestro ver los medios de comunicación desempeñarían un papel determinante. Pero vayamos desgranando progresivamente el argumento.

En efecto, una respuesta fácil –y decimos fácil porque aunque verdadera es parcial– sería la de aquellos (entre los cuales, muy probablemente, se hallen los hombres del Ministerio) para los cuales, pongamos por caso (y por seguir con el argumento de McCombs), la práctica jurídica fuese un “tema experiencial”. Así por ejemplo, según un reconocido abogado: «El problema del imputado y su repercusión social no vienen de la denominación, pienso yo, sino del desconocimiento de lo que significa en la LeCrim la imputación judicial penal» (Ortíz Úrculo, 2014). Pues bien, la previsible réplica que se nos ocurre es que, aun si asumiéramos una coherencia y consistencia terminológica impecable en la redacción de la ley (cosa que la propia Comisión ponía en duda, no sin antes mostrar ejemplos clamorosos de la maraña conceptual), no podemos pretender que los iletrados (a saber, los desconocedores de la letra pequeña de la ley) distingan los relevantes matices entre, por seguir con el caso el “imputado”, el “denunciado”, el “querellado”, el “demandado”, el “acusado”, el “inculpado”, el “encausado”, el “sospechoso”, el “detenido”, el “investigado”, el “procesado”, el “condenado”, el “sentenciado”, el “penado” o el “convicto”. Es fácil imaginar que el lector sienta la misma sensación de vértigo que nosotros: daba por hecho que gran parte de esta terminología eran sinónimos y, sólo en el mejor de los casos, se vería capaz de distinguir cuáles de los términos expuestos presumen inocencia de aquellos que ya inexorablemente comportan culpabilidad. De modo que esta respuesta es, a nuestro parecer, cuanto menos limitada e injusta para la empresa (recordemos: la descontaminación). Ciertamente, ello implicaría la necesidad de una sociedad de eruditos en todos los campos del saber: no sólo en derecho, sino también (imaginen todas las secciones de un periódico) en política internacional, en economía, en arte, en deporte, etc. Y no sólo, por cierto, en los receptores, sino también en los emisores, es decir, en los propios periodistas. Como indica Walter Lippman:

Todos los periodistas de sucesos del planeta, ni siquiera trabajando 24 horas al día, podrían presenciar todo lo que pasa en el mundo. Por otro lado, lo cierto es que no son muchos, que ninguno tiene la capacidad de estar en dos sitios a la vez y que ni son clarividentes, ni utilizan bolas de cristal, ni tienen el don de la telepatía. Por tanto, nos parecería milagroso que estos profesionales, más bien pocos en términos comparativos, acierten a cubrir tal variedad de temas (Lippman, 2003: 275)

Otra respuesta, tiene que ver con una postura pragmática del lenguaje. Y en este caso concreto, podríamos decir, con el uso que de ellos (los términos) hacen los medios de comunicación. Recuerden la alusión antes hecha a los temas no experienciales. Así las cosas, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿De qué manera viene determinado el uso que hacen los medios? Pues bien, nuestra hipótesis es la siguiente: imaginemos que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión,

―la redacción de la ley se clarificase (atendiendo a un uso técnico-denotativo de la terminología jurídica y a una reducción, y si es posible eliminación, de términos ambiguos por análogos),

―los profesionales del periodismo que cubriesen este tipo información se comprometiesen a dominar esta nueva terminología, aunado a un conocimiento de las distintas fases procesales y sus implicaciones,

―los políticos (por cierto, muchos de ellos licenciados en derecho) dejasen de servirse taimadamente de términos –que ni ellos mismos parecen comprenden– como armas arrojadizas en razón de una pretendida tolerancia cero. (Por ej., al pedir la dimisión por la mera imputación).

Pues bien, incluso dando por sentado todo lo anterior, nuestra impresión es que antes o después, la nueva terminología terminaría reproduciendo con el paso del tiempo la misma contaminación que le advino al término precedente. En suma: no se trata, según lo consideramos, de un problema semántico, sino pragmático. El lector, vidente u oyente medio empezará a traducir el antiguo “imputado” por el nuevo “investigado” y, si por juventud o ignorancia, se topara ya con el segundo término, haría la misma inferencia que aquellos que trataron con el imputado antes de la ley. Y la razón de ello no sólo está relacionada con el hecho de que no todos somos letrados –que también–, sino con el medio (espacio-temporal) de administrar las noticas. Televisión, prensa, radio… se enfrentan ante el problema estructural y semiótico de la finitud. En pocas palabras: no todo puede entrar, primero, porque no todo puede caber (los noticieros no pueden durar 4h, los periódicos no pueden tener 200 páginas, etc.) y, segundo (pese a las promesas de los medios digitales), porque tampoco puede contarse con la disposición absoluta de los receptores (no tenemos tiempo para pasar 4 h frente a un televisor o leer todos los días 200 páginas). Los medios criban, filtran, disponen, etc., en suma, establecen y configuran la agenda. Y en esta tarea discriminadora al menos dos prácticas imprimen su sello, su sesgo (y, en el peor de los casos, su manipulación):

―La primera de ellas tiene que ver con el interés mediático: interesan más los imputados-investigados y los culpables que los archivos y las absoluciones. (Los primeros, además, suelen ir en primera página y los segundos tienen suerte si aparecen).

Dos ejemplos: a) Actualmente hay 1551 imputados por corrupción política, de los cuales, la estadística dice que sólo un pequeñísimo porcentaje terminará culpable; b) En el juicio del 11-M hubo 120 imputados, de los cuales un centenar ni tan siquiera terminaron sentándose como acusados en el banquillo.

―La segunda de ellas tiene que ver con las filtraciones del sumario (casi siempre parciales, y por tanto, interesadas) en la fase de instrucción.

Pongamos un ejemplo. Alguien se levantará y leerá mayoritariamente en el periódico y en portada imputaciones/investigaciones y sentencias de culpabilidad, recibirá pedazos interesados de información del sumario en la parte instructiva (no es casual que siempre provengan de la Fiscalía, la Policía o la acusación particular, nunca de la defensa), muchos de los cuales pueden haberse incluso obtenido ilegalmente (de manera que acabarán siendo nulas), el juicio se demorará meses o años, las tertulias políticas (en muchos casos, rayanos en la caza de brujas) se alimentarán de lo disponible, etc. Es natural pensar que ese lector, dada la distinta visibilidad administrada y dada la información parcial publicada, haga la inferencia natural: todo imputado es “presuntamente culpable” (que no inocente) hasta que se demuestre lo contrario. Y, en consecuencia, que el esperanzador cambio terminológico termine en fiasco como el anterior (a pesar, y más allá, de su justeza semántica).

 

Propuesta deontológica

 

Antes de finalizar, nos gustaría presentar dos medidas deontológicas, con el fin de animar un posible debate y discusión. Y las presentamos con suma cautela porque, para empezar, no estamos muy seguro de ellas ni tenemos nada resulto al respecto. El hilo que las une, interesante de por sí, es el del eterno debate entre el “derecho a la información” y el “derecho al honor”.

La primera de ellas podría pasar porque los medios se comprometiesen a dar el mismo espacio y la misma relevancia (esto es: la misma visibilidad) a los investigados-culpables que a los archivos-absueltos. Nos parece que ello podría contrabalancear la presunción hacia la inocencia, y no hacia la culpabilidad, como sucede ahora. (Ya decía Hegel aquello de que los períodos de paz son páginas en blanco en el libro de la Historia). Es decir, lo medios tendría que dejar a un lado el sensacionalismo que todos, en mayor o menor medida, portan bajo la pulsión larvada de la competencia.

La segunda propuesta (paternidad de José María de Pablo) me parece más problemática. Según el reconocido abogado penalista, no sería un dislate, a pesar de la aparente intromisión en el derecho a la información, prohibir la publicación de las partes del sumario declaradas secretas –es decir, en la fase instructiva, no en el juicio oral. «Cuando un medio publica un sumario secreto (algo tan frecuente que ya nos parece normal) siempre hay alguien que, al filtrarlo, ha cometido un delito. Pero ese alguien no responderá de su delito gracias al derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes» (De Pablo, 2012). Pues bien, quizá se podría prohibir esta información, que es precisamente donde el imputado/investigado, al no poder defenderse debidamente (muchas veces no conoce ni el sumario, por no hablar del condicionamiento del jurado, etc.), ve manifiestamente vulnerado su derecho al honor (y a la defensa).

 

Bibliografía:

 

  1. VV. (2010), “Lenguaje jurídico en los medios”, Comisión para la modernización del lenguaje jurídico,

file:///C:/Users/Fabio/Downloads/Lenguaje_jur%C3%ADdico_en_los_medios.PDF [consultado 20/3/15]

 

De Pablo, J. M. (2012), “El derecho al honor de los imputados”, In dubio pro reo,  http://josemariadepablo.com/2012/02/23/el-derecho-al-honor-de-los-imputados/

 

Grijelmo, A. (2015), “Imputado, investigado, encausado”, El País (15 de Marzo).

 

Lippmann, W. (2003), La opinión pública, Madrid, Langre.

 

McCombs, M. (2006), Estableciendo la agenda, Barcelona, Paidós.

 

Ortíz Úrculo, J. (2014), “La imputación judicial”, Siempre derecho, http://www.cremadescalvosotelo.com/blog/2014/11/imputacion-judicial/ [consultado 20/3/15]