¿Por qué?

A medida que las democracias maduran y los ciudadanos empiezan a ejercer activamente su “ciudadanía” es normal que empiece a cundir entre la población el reclamo de que la Justicia se entienda. Este “derecho a comprender”, como en alguna ocasión ha sido formulado, es una prueba más del imparable avance de las sociedades contemporáneas. Atrás quedaron, en efecto, los tiempos en los que el ciudadano medio se relacionaba sumisamente con la Justicia, y las llamadas a una mayor transparencia o una mejor rendición de cuentas resultaban simplemente inconcebibles. Cada vez más conscientes de la cosa pública, y no solo porque la financien con sus impuestos, los ciudadanos desean aumentar su confianza y participación en ella. Y aquí conviene desplegar lo que esto comporta para el lenguaje claro, pues la transparencia no puede limitarse a facilitar el acceso a la información, sino que debe ahondar, igualmente, en la inteligibilidad de la misma.

Pues bien, una vez aceptado lo anterior, quizás debamos preguntarnos qué está ocurriendo con ese entendimiento de la Justicia que, si bien es una batalla que viene dándose desde hace un par de décadas, no parece haber encontrado solución hasta la fecha. Dicho con otras palabras, habría que preguntarse por los motivos que han contribuido a que la Justicia, en contra de lo esperado, haya permanecido hermética para muchos, excepto para los mismos profesionales del medio. Al tratar de comprender este fracaso, y ensayar algún tipo de respuesta, lo justo es que repartamos con ecuanimidad las responsabilidades entre los actores que integran este proceso.

Responsables

Más allá del proteccionismo corporativista característico de todos los gremios, lo cierto es que una sociedad moderna (democrática, amparada en un estado de derecho, garante de los derechos humanos, etc.) debería poder garantizar a todo ciudadano, durante su etapa de formación básica en la escuela, unos conocimientos mínimos de derecho, en términos de conceptos, leyes e instituciones. Sin embargo, no parece que este haya sido el caso. Formatos tan a la orden del día como un contrato, una sentencia o un acta, todavía suenan a lenguaje encriptado para el grueso de la población. Desgraciadamente, y lo anterior es prueba de ello, seguimos lejos de esos mínimos de cultura jurídica que uno esperaría encontrar en los mapas curriculares de las Secretarías de Educación.

Ahora bien, las Facultades de Derecho también deben hacerse cargo de la responsabilidad que les concierne. Por muchos “letrados” que egresen cada año, conviene reconocer la escasa, y en ocasiones nula, atención que los planes de estudio dedican a la formación lingüística, así como a la expresión oral y escrita. Y esto llama también particularmente la atención pues, como recuerda J. Bayo Delgado, «El derecho es lenguaje y la propia función del juez es decir el derecho (juris-dicción)». ¿A qué estudiante de derecho, por ejemplo, le enseñaron a describir o a narrar unos hechos cualesquiera con el rigor y la propiedad adecuados? Más allá de la respuesta, si antes aludíamos al escaso y preocupante desinterés por la cultura jurídica en las escuelas, ahora debemos aceptar la escasa formación lingüística en los futuros profesionales del derecho.

Esta doble dejación de funciones por parte de las instituciones encargadas de la formación en una sociedad cualquiera, ya sea en su etapa básica o universitaria, nos ofrece un escenario sin duda complejo. En un contexto ideal, en el que ambas cumplieron cabalmente con su cometido, tal vez el problema estaría resuelto. O tal vez no. Pues, en efecto, con lo anterior y todo, algunas cuestiones deberían ser previamente resueltas; así por ejemplo: ¿cuál es el auditorio medio al que debería adecuarse, para poder entenderse, el lenguaje jurídico? ¿Hasta dónde y cuánto tendría que plegarse? Pero también, dada la formación y la profesión del jurista, ¿hasta dónde y cuánto sería aconsejable?

Lo que no pretende 

Estas preguntas son interesantes y reveladoras porque nos permiten adentrarnos en uno de los habituales malentendido del lenguaje claro. Por resumirlo en pocas palabras, una de las ideas que suele circular es que el lenguaje claro pretende “allanar” la especificidad propia del lenguaje jurídico hasta “rebajarlo” al lenguaje común y corriente. Y lo cierto es que este es un prejuicio sin duda extendido y enarbolado, fundamentalmente, por los filólogos. Según muchos de ellos, un lenguaje jurídico ciudadano debidamente tamizado por el lenguaje claro debería ser comprensible por toda la ciudadanía, y esto solo se lograría cuando la figura del mediador-traductor, es decir, la del profesional del medio, se tornase innecesaria.

Lo que pretende

 

Muchos profesionales del derecho, y también algunos filólogos, discrepan de esta visión del asunto y han tomado distancia crítica. El trabajo de los filólogos tendría que hacerse, más bien, desde el contexto real de los profesionales del derecho; es decir, en vez de opinar desde la seguridad que provee la Academia, trabajar desde la entraña del mundo jurídico para, una vez entendida su lógica y sus usos, diagnosticar y auspiciar mejoras. O dicho de otro modo: el lenguaje jurídico no lo van a cambiar los filólogos, sino los juristas. En este sentido, entre los pocos filólogos que se han pronunciado en un tenor similar, merece destacarse la opinión de J. A. González Salgado:

Los intentos por modernizar el lenguaje jurídico-administrativo, desde nuestro punto de vista, basan esa modernización en recomendaciones que eliminan la esencia de este tipo de lenguaje. Y ahí es donde radica, pensamos, el fracaso de estas propuestas [las de los filólogos puristas] (…) los intentos de modernización del lenguaje jurídico no surtirán efecto mientras las propuestas no cuenten con el beneplácito de los juristas, que serán los que tengan la última palabra con respecto al lenguaje que consideran apropiado emplear en sus textos. Esto, por otra parte, no quiere decir que el lenguaje jurídico sea intocable: los propios juristas son los más interesado en que existan pautas claras para la redacción de documentos, pero unas pautas que respeten su especificidad lingüística.

Ejemplos

Este planteamiento puede resultar más comprensible con un ejemplo. Suele ser común en el mundo jurídico hacer uso de expresiones latinas y no es extraño, en virtud de ello,toparse con sentencias sembradas de estos vestigios del derecho romano. Pues bien, hay expresiones latinas que perfectamente podrían ser sustituidas por una traducción al español, sin menoscabo alguno en su precisión semántica. De ser este el caso, ¿por qué no cambiarlas y facilitar la lectura a unos receptores que no tienen por qué saber latín? Ahora bien, existen igualmente términos y expresiones latinas, que ya no son expresiones al uso sino que pertenecen al tecnolecto de la especialidad, y estas sí que pueden no encontrar traducción sin merma en su significado y propósito. De ser ahora el caso, ¿sería tan complicado mantenerlas, pero acompañándolas de una breve explicación?

 

El ejemplo anterior pretende respaldar la siguiente postura: no se trata de vulgarizar el lenguaje jurídico tomando como referente el común de la calle, sino de facilitar al lector, cuando se pueda, su comprensión. Se trata, en suma, de lograr mayor sencillez sin que esta nos obligue a perder precisión. Mientras que algunos consideran que la comprensión debe prevalecer sobre la precisión, otros creemos que la comprensión debe forzarse y perseguirse todo lo que se pueda, siempre y cuando la precisión no se ponga en riesgo. Y, a pesar de su importancia, lo cierto es que en ocasiones esta pasa desapercibida a los filólogos, al no evaluar toda la repercusión que podría acarrear una ambigüedad semántica derivada de una búsqueda acrítica de “la sencillez por la sencillez”. En la precisión, lo saben bien los profesionales del derecho, se juegan muchas veces las garantías de los derechos y libertades.

Así y todo, es importante asimismo evaluar correctamente la precisión. Como acertadamente ha advertido J. A. González Salgado, en múltiples contextos el profesional (abogado, juez, secretario, procurador, notario, etc.), en la búsqueda exacerbada por la máxima precisión, termina por incurrir en resultados contrarios a los esperados, como la ambigüedad y la falta de claridad. Un ejemplo típico de esto lo podemos ver en los párrrafos unioracionales (esto es, de una sola oración) donde, el encabalgamiento de frases subordinadas con incisos y gerundios, lejos de ayudar a concentrar la información de forma clara y distinta, extravían al lector en una escritura errática.

Conclusiones

En resumen: una mayor precisión podría fácilmente conseguirse i) parafraseando el tecnolecto propio del código del derecho o directamente traduciéndolo cuando sea posible, ii) cuidando la ortografía y la gramática en la redacción y, sobre todo, iii) prescindiendo de un estilo ampuloso y barroco, instalado desde antiguo en la profesión. No está de más recordar aquí que muchos problemas de interpretación derivan no solo de la complejidad de

los tecnicismos, sino de errores ortográficos y sintácticos de fácil subsanación. Si a estos deslices, debido a la celeridad con la que se redactan las sentencias, les sumamos los vicios estilísticos heredados y nunca enmendados, tenemos las condiciones perfectas para que la redacción, traicionando su propósito original, termine resultando un obstáculo antes que un instrumento.

Conseguir acercar la Justicia a la ciudadanía pasaría, por tanto, por incluir de verdad al justiciable (el cliente, el prestador de servicios, el gobernado, el imputado, el sentenciado, etc.), por lo general obliterado en los textos jurídicos. Solicitarle al juez, pero también al abogado, que tenga en cuenta que hay más lectores; que no se trata, por así decir, de un epistolario privado entre profesionales sino, antes bien, de uno que será leído por alguien más y, para mayor cautela, lego en la materia y protagonista de la historia.

En conclusión, no se trata de enseñar de nuevo a los jueces cómo redactar una sentencia, eso sería un acto carente de sentido e indiscutiblemente pretencioso, sino de recomendar una serie de pautas que le faciliten una redacción más sencilla y comprensible, sin renunciar a la precisión que se espera de ellos.